Petición del Procurador del Cabildo de Cartagena presentada ante el Gobernador y los regidores de esa institución para que se informe al Rey sobre los abusos y agravios que cometen las personas de las flotas y armadas que llegan a Cartagena y provea el remedio.
Descripción detallada del comportamiento inadecuado de las personas que vienen en las flotas, los agravios que imparten a los vecinos de Cartagena y el comportamiento de los dichos vecinos con ellos.

Petición presentada por el Procurador General, Lorenzo Martín, ante el Gobernador de la Provincia y los regidores del Cabildo de Cartagena.
Con el propósito de obtener el “bien e quietud, paz y sosiego de los vecinos” de la dicha ciudad y como a todos constan los excesivos agravios que hacen a esta ciudad y a sus vecinos las personas “de las flotas y armadas que vienen a este puerto e inviernan en él”, en lugar de agradecer los “muchos regalos, provisiones y bastimentos de todo lo necesario que se dan a la gente de las tales armadas”, sin reconocer ni obedecer la real justicia de esta ciudad, “antes defendiéndose e resistiendo a sus ministros con grande soberbia e menosprecio, saltando en tierra para efecto de lo que hacen juntos (I. 9) en cuadrillas de día y de noche con armas ofensivas” haciendo grandes alborotos entre ellos y con vecinos de esta ciudad, “queriéndolos señorear en todo y aún maltratándolos de obra o tomándoles sus haciendas, haciéndoles servir forzosamente, no les pagando a las mujeres de trato y hombres de esta ciudad las comidas y posadas que les dan, fundándose en que son soldados e gente de las flotas” que no están sujetos a la justicia de la ciudad de Cartagena, y por como saben que no los obligarán a pagar a los mencionados hombres y mujeres “lo que les llevan” de lo cual reciben estas personas “notorio agravio e daño e menoscabos de sus haciendas”, además de los agravios que reciben los mercaderes que llegan de todas partes “a este puerto, con sus barcos e fragatas libremente”, y en cambio, la gente de Cartagena “honra” (I. 10)  brindándoles con “buen hospedaje la gente de las tales flotas” quienes por orden de su general y capitanes, salen de este puerto “con mano armada a los navíos, barcos y fragatas que entran y salen, “y con gran ruido y estruendo hacen lo que quieren, tomándoles los mantenimientos y otras cosas al precio que les parece” y ni siquiera les pagan, “antes que los tales navíos, barcos o fragatas sean visitados por la justicia real e sus oficiales”, que de todo ello resulta “gran deservicio a su majestad e pérdida e menoscabo de sus rentas reales”. Lo descrito también se lo hacen a las fragatas y barcos de los vecinos de Cartagena que salen a negociar por las islas cercanas, quienes también reciben “gran vejación y molestia”.
Relata que ocho días antes, “estando en el muelle de esta ciudad junto a tierra tres o cuatro fragatas de este (I. 11) trato”, el Capitán Vallejera, “de su propia autoridad, sin haber causa para ello, vino al dicho muelle y entró en todas las dichas fragatas con grande alboroto y escándalo con mucha gente de su armada, les quitó las velas y aparejos, rompiéndolas y desbaratándolas y las llevó a su nao”, por cuyo escándalo hay “gran alboroto entre la gente, escándalo y rumor por una cosa nunca vista ni usada en las dichas flotas y lo peor es que no les quieren volver las dichas velas”. 
También es del conocimiento del Cabildo “cómo por leyes e ordenanzas e instrucciones de los generales, capitanes e maestres tiene su majestad ordenado e mandado” que si en sus navío muere alguna persona, aunque haya “testado los bienes y hacienda que trajeren, se inventaríen y en el primer puerto que tomaren en las (I. 12) Indias, lo hagan saber y manifiesten a la justicia de los tales puertos”, y les entreguen todos esos bienes, hacienda y mercancías que traigan de propiedad de los mencionados difuntos, para que las justicias “entreguen los dichos bienes a los Tenedores de Bienes de Difuntos que su majestad tiene mandado para que ellos, lo beneficien y envíen a la Casa de la Contratación de Sevilla”, para que sean entregados legalmente a quien corresponda. Esto siempre se ha cumplido en estas tierras, aunque desde hace algún tiempo, “algunos generales, maestres y capitanes no han querido hacer en esto lo que eran obligados” y con la fuerza que tienen y “usando de su jurisdicción, no teniendo la real justicia, se han metido en los dichos Bienes de Difuntos y ellos los venden y benefician, llevándolos e gozándolos e haciéndose pagos de los tercios pertenecientes a los Tenedores de Bienes de Difuntos (I. 13), como se ha hecho en la flota [del] General Diego Flores de Valdez” y en los bienes de Marcos Caballero, que valían mucho. Todo ello ha sucedido porque no se cumplió lo que el Rey tiene ordenado respecto a los Tenedores de dichos bienes, los cuales recibieron aquel año “notable daño y pérdida”. 
Además de lo dicho, los “generales e sus almirantes, estando en tierra, tienen públicamente mesa de audiencia con su escribano, e oyen e libran e mandan prender y echar prisiones a los que les parecen culpados, haciendo cárcel apartada en todos los negocios que sean civiles o criminales, oyendo de pleitos y causas” (I. 14), pero el mayor daño es que “amenazan y atemorizan” a la gente de sus flotas “si piden o llevan causa ante la justicia ordinaria” en lugar de llevarla ante ellos, y pretenden hacer lo mismo con otros navíos y mercaderes que llegan a esta ciudad, quienes “han de pedir sus causas y soldadas” ante ellos, por lo que la justicia real y la gente recibe “notorio agravio en las muchas cosas que se les ofrece, demás del menosprecio e poco temor de la real justicia y como el poder de los dichos generales sea tanta con la fuerza de sus armadas y la fuerza de la tierra tan poca”, los Gobernadores, la justicia, los vecinos que llegan y los habitantes de Cartagena “están atemorizados” de poder perder sus casas, hijos, mujeres y haciendas (I. 15) en donde viven “quietos e pacíficos y han de ser hallados para el servicio de su majestad”. 
Como todas estas causas se deben remediar pronto, y que el Rey sea “particularmente informado y en ello dé orden en las jurisdicciones de mar e tierra que tiene en esta ciudad y en el uso y ejercicio y administración de ella”, y que los comerciantes “no sean vejados, molestados ni maltratados” y los que se han agraviado “sean desagraviados … castigando al dicho Capitán Vallejera de la fuerza que hizo en haber entrado en el muelle de esta ciudad e quebrantando este dicho puerto, usando de jurisdicción ajena, e sobre todo, tomando información de todo lo susodicho que pedido tengo” y enviándola al Rey y al Consejo de Indias (I. 16), “donde se vea e provea remedio con justicia para que se eviten tantos inconvenientes”, a los cuales protesta en nombre de la ciudad de Cartagena, y se ofrece a hacer todas las investigaciones e informes necesarios, “e pedir lo que convenga y aún vuestras mercedes en hacerlo como pedido tengo harán lo que deben en justicia para tener en sosiego, paz e quietud esta dicha ciudad, e no lo haciendo ansí, protesto contra vuestras mercedes” (I. 17).