Remisión de una solicitud de los Cabildos de Cartagena, Mompós y Tolú para que se nombre un juez de apelaciones en Cartagena que lleve los negocios eclesiásticos que se presenten.

La Secretaría de la Corte envía al Rey Felipe una carta donde le informa que el Cabildo de la ciudad de Cartagena y los de las villas de Tolú y Santa Cruz de Mompós han escrito para informar que por “causa de los muchos daños e inconvenientes que se siguen a la dicha ciudad y villas y vecinos de ellas” por tener que viajar tan lejos, hasta el Nuevo Reino de Granada, para presentar apelaciones de juicios eclesiásticos ante el Arzobispo, y por tener que pasar “tanta navegación … muchas veces dejan perder sus negocios y reciben cada día muchas fuerzas y vejaciones por su parte”, por lo que acudieron al Arzobispo a “pedirle nombrase juez metropolitano que residiese en la dicha ciudad” de Cartagena para que se hiciese cargo de los negocios de apelación de aquel Obispado y del de Panamá y en caso que esto no se hiciese, reciba la información de los “daños y de la importancia que era excusarlo”.
El Arzobispo ordenó que se reciba “la dicha información … y con su parecer, la envió ante vuestra alteza, para que la mandase ver y proveer del remedio necesario, que es este que presento”, pues tanto por esta carta como por el parecer del Arzobispo consta “cuán digno es de remedio” este asunto y como aquellas tierras cada día van en aumento, “tiene más necesidad que se provea”. 
Los mencionados cabildos también suplican que el Rey mande “ver y proveer” sobre este asunto, “de manera que se ponga el dicho juez metropolitano en la dicha ciudad y cesen los daños e inconvenientes en la dicha información contenidos”, pues con esto se le hará bien a Cartagena y a las dichas villas (I. 3).