Poder otorgado por el Cabildo de Cartagena al Procurador Ordás, para presentarse ante el Rey y el Consejo de Indias para solicitar las mercedes que necesita la ciudad y hacer las diligencias que se requieran para las que están en proceso se logren.

Los señores don Pedro de Acuña, Gobernador y Capitán General de la provincia de Cartagena, Alonso de Padilla y Fernán López de Mora, Alcaldes Ordinarios, Juan de Iturrieta Alcibia, Tesorero de la Hacienda Real y su Contador Pedro de Sancibrián, Juan de Villoria, Diego Caro, el Capitán Pedro López Triviño, Esteban Hernández, el Capitán Pedro Fernández Palomino, Regidores, y Diego Ballesteros, Procurador General de esta ciudad, estando “juntos en su ayuntamiento como lo acostumbramos hacer para tratar e proveer las cosas más convenientes o necesarias al bien, pro e utilidad de esta ciudad”, otorgan y reconocen por esta carta “todo nuestro poder cumplido… cuanto de derecho en tal caso se requiere, a vos Antonio de Ordás”, residente en esta ciudad, quien aunque está ausente, “bien como si fuésedes presente … nombramos …Procurador e Solicitador”, y le dan poder para que en su nombre y representando a esta ciudad y a todas sus personas, “podáis parecer e parezcáis ante su majestad real en su Real Consejo de Indias y ante cualesquier sus jueces e justicias que conviniere, e pedir e suplicar” en nombre de esta ciudad “todas las mercedes que convinieren, ansí de artillería, pólvora, armas e municiones e otras cualesquier cosas que convinieren”, y que en él se cumplan “las instrucciones que llevaren Pedro de Coronado Maldonado e Alonso López de León e los negocios que tuvieren… en el estado en que estén”, los cuales podrá “comenzar, proseguir e acabar, haciendo en lo uno y en lo otro todas las peticiones y presentar los testimonios para las instrucciones e otros recaudos que sean necesarios, e hacer toda la instancia posible hasta los fenecer e hasta conseguir” las mercedes que se piden al Rey.
También podrá, en nombre de este Cabildo, recibir “cartas, cédulas y provisiones y otros recaudos que sean necesarios,” y podrá notificar lo que considere y solicitar el cumplimiento de “todos los pleitos, causas e negocios civiles e criminales movidos e por mover en esta ciudad … contra cualesquier personas que sean”.
Asimismo, tiene autorización para parecer ante el Rey y ante “cualesquier jueces e justicias de cualesquier partes e lugares que sean” y pueda poner cualquier tipo de demanda y hacer “pedimientos y requerimientos … emplazamientos, ventas e remates … [y] demás autos e diligencias judiciales (I. 3) y extrajudiciales” que sean necesarias.
El presente documento se otorga ante el Escribano Público del Cabildo, Francisco Dalva, quien firma “en testimonio de verdad”, y ante los testigos Alonso de Ojeda, Álvaro [borroso] y Cristóbal de León, en Cartagena, en julio 13 de 1597.
Los otorgantes nombrados al inicio de este documento también firman este documento con sus nombres, todo lo cual se registra en el libro de Cabildo de Cartagena (I. 4).